Punta de Tralca, abril 2018

La Unión Demócrata Independiente como partido integrante de Chile Vamos está comprometida no sólo a apoyar al gobierno del presidente Sebastián Pinera, sino además a impulsar y promover las distintas propuestas plasmadas en el programa de gobierno junto con todas aquellas que representen el andamiaje doctrinario que caracteriza a nuestro partido y que une a nuestro sector.

El gobierno de la Nueva Mayoría representó un ciclo político negativo por la polarización que impulsó y por su discreta gestión, que se refleja en los diferentes indicadores que miden a los gobiernos. Las distintas reformas impulsadas no sólo erraron en su diagnóstico, sino además fueron mal pensadas y equivocadas en implementación. Todo esto generó incertidumbre y estancamiento en el desarrollo económico del país, junto con frustración en los proyectos vitales de los chilenos. Por todo esto, vemos en nuestro gobierno una oportunidad para asumir con responsabilidad el desafío de devolver a nuestro país al derrotero del desarrollo, sin desconocer las buenas políticas logradas las últimas décadas.

Estamos convencidos y comprometidos con el objetivo de gobernar más de un período. Por eso reunimos a nuestra militancia, dirigentes y autoridades de gobierno para reflexionar y proponer ideas que contribuyan a fortalecer el trabajo del gobierno en función de las necesidades que más apremian a los chilenos.

Las distintas propuestas que se presentan en este documento son resultado de las reflexiones que se generaron en las distintas comisiones de trabajo conformadas en el consejo de Punta de Tralca el 6 y 7 de abril pasado. Cada una de ellas se hizo cargo de ofrecer propuestas bajo el sello de los principios de la UDI en materia de salud, pensiones, educación, políticas familiares y equidad de género, infancia, fomento del emprendimiento, seguridad y calidad de vida. El objetivo que transversalmente inspira la labor de todas las comisiones es asumir la tarea de llegar a ser -de la mano de gobiernos de Chile Vamos- un país desarrollado que sea reconocido por haber superado la pobreza, por permitir que sus ciudadanos vivan plenamente sus libertades, y respetuoso de la dignidad de todos sus miembros, principalmente los más débiles.

SALUD
Salud al servicio de las personas

Si queremos alcanzar el desarrollo el año 2025 es fundamental trabajar en cambios profundos a nuestro sistema de salud, para convertirlo en uno que efectivamente esté al servicio de las personas, tomando decisiones basadas en el sentido común y no en lo ideológico que permitan alianzas públicas-privadas que vayan en mejora de la salud de quienes no pueden esperar.
Para que todos los chilenos tengamos la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades requerimos un Estado que sea eficiente en los servicios de salud y medicamentos que ofrece a la ciudadanía, y responsable en las políticas las políticas de salud que promueva. Para lograr dicho objetivo, es imperativo desarrollar una correcta gestión con sentido de modernización.
Esto se traduce en impulsar programas y organismos que apunten a la atención preventiva oportuna, reducir las listas de espera, encontrar una correcta forma de bajar el alto precio de los medicamentos y construir hospitales acorde a las necesidades de nuestra población.

Así también es necesario profesionalizar aquellas áreas capturadas por el cuoteo y relevarlas a la excelencia, tanto política como técnica, con un sentido de servicio capaz de dar soluciones innovadoras para mejorar la atención y soluciones oportunas.

EDUCACIÓN
Educación de calidad para todos

Chile necesita urgente centrar los mejores esfuerzos en fijar los estándares que describan y mejoren la calidad de su sistema educativo en todos los niveles, poniendo especial énfasis en la educación preescolar, tanto por razones de equidad como también por necesidades de las familias. Para esto, proponemos convertir la educación pública en una alternativa real a la educación privada, sin descuidar el aporte de esta última.

Del mismo modo, debemos potenciar la articulación entre la educación y mundo laboral para que los jóvenes aprendan lo que realmente van a necesitar en su vida profesional y se conviertan en profesionales o técnicos competitivos. La relación con el medio supone, entre otras cosas, incorporar las distintas tecnologías en las salas de clase e impulsar con énfasis el aprendizaje de idiomas.

En educación superior, hay que terminar con el trato preferente a ciertas instituciones y poner énfasis subsidiario en aquellas que entregan una educación de calidad a sus hijos.

Por otra parte, debemos visibilizar políticamente la importancia de la educación técnico profesional que fue olvidada durante los últimos cuatro años, buscando mecanismos que incentiven la educación dual y la articulación entre los programas y el mundo laboral.

SEGURIDAD CIUDADANA
Derecho a vivir en paz

Es una realidad que las principales víctimas de la violencia son las personas que pertenecen a los sectores más populares de la sociedad que tienen que convivir diariamente con el crimen y la violencia. A ningún país le basta con superar la pobreza, se requiere además vivir en paz. Por eso, la UDI considera urgente que nuestro gobierno haga un mayor esfuerzo por proteger a las víctimas, pues la falta de acompañamiento sólo profundiza la desconfianza de la ciudadanía hacia la justicia penal. Esto nos lleva a proponer que se establezca el Derecho a la Paz y la Seguridad, de modo tal que el Estado asuma el compromiso de proteger a las personas de la violencia.
Esta propuesta pude materializarse con la creación de una Defensoría de las víctimas, que proteja a las personas que han sufrido delitos, y que se han visto obligadas a convivir cotidianamente con la violencia. Pues, lo que debemos como gobierno revertir es la sensación general de que el sistema penal responde más bien a los derechos de las personas que cometen los delitos, antes que a aquellos que son víctimas.

FAMILIA Y CLASE MEDIA
Más familia, menos Estado

La acción política está llamada a proteger la dignidad de las personas y permitir que se desarrollen en libertad, porque sólo así se generan las condiciones para acercarnos hacia el desarrollo integral de la sociedad al cual está llamado a cumplir el Estado. Para lograr esta tarea, es fundamental impulsar el fortalecimiento de la familia, acogiendo sus realidades, a través del respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos. Es un hecho que familias más comprometidas con la educación de sus hijos vigorizan sus lazos y generan niños con mayor autoestima que a la vez llegan mejor preparados para enfrentar sus desafíos como adultos.
Para contribuir con estos objetivos nuestro gobierno debe generar distintas condiciones que amplíen lo más posible la autonomía en los proyectos educativos que han elegido las familias, junto con impulsar políticas públicas que apunten prioritariamente a proteger al núcleo familiar en su conjunto.

Clase media protegida

Chile ha pasado a ser uno de los países con mayor clase media en la región. Si bien esto es un logro que combina la eficacia de nuestro modelo de desarrollo económico con el esfuerzo personal, dicho avance aun no logra consolidar ese cambio en la condición socioeconómica de esas familias que han logrado superar la línea de la pobreza. Estos hogares no dejan de mirar con preocupación lo que podría significar la cesantía de alguno de sus miembros, una enfermedad grave, incluso el dejar su trabajo por ingresar en edad jubilatoria. Saben que esto generaría desequilibrios en los ingresos por hogar o incluso la posibilidad de volver a la pobreza.

Pasar a ser clase media no puede ser un paréntesis, nuestro compromiso es hacer de la pobreza parte de nuestro pasado. Para eso la UDI considera necesario revisar los subsidios que entrega el Estado a las familias para que también considere de modo estable las áreas que son más sensibles porque amenazan la estabilidad de nuestra clase media.

Del mismo modo, dado que ya no basta con dejar de ser pobre, los sueños no se agotan en obtener un mayor ingreso. Las familias requieren además desarrollar sus proyectos de vida, que van más allá del trabajo. Es por esto que resulta imperativo contar con barrios amigables, más parques y áreas verdes, con ciudades que reduzcan lo más posible sus niveles de contaminación, con la posibilidad de disfrutar de bienes culturales, junto con medios de transporte eficientes que nos permitan disfrutar los tiempos de ocio, con acceso a la cultura, al deporte, y a la naturaleza.

MIGRACIÓN
Plan Puertas abiertas

Chile superó el millón de extranjeros que han elegido nuestro país para buscar mejores horizontes. El aumento acelerado (casi duplicado, a decir verdad) se ha dado los últimos tres años. Esto justifica las medidas impulsadas por el gobierno para modernizar el proceso migratorio que nos rige hasta hoy, por cuanto, como señaló el propio presidente, ordena el ingreso de extranjeros.

Sin embargo, consideramos que para seguir avanzando en esta materia es necesario también ofrecer políticas sociales enfocadas en los extranjeros que ya han logrado conseguir las distintas visas de ingreso. Esto supone una mirada de Estado clara y coordinada que dé cuenta de un enfoque inclusivo a las diferentes políticas públicas que puedan ofrecerse en materia de salud, educación (incluyendo la enseñanza del español), etc.

A través de todas estas propuestas se busca que los extranjeros que vengan al país en busca de oportunidades sean un real aporte y se sientan acogidos. Aspiramos a convertirnos en una sociedad abierta que integre a todos sus miembros con respeto y afán de integración procurando ofrecerles un estándar de vida equivalente al que tiene el resto de los chilenos.

MEDIO AMBIENTE Y EMPRENDIMIENTO
Crecimiento sustentable

Chile necesita un Estado que tenga la capacidad de fijar políticas públicas que estén a la altura de los desafíos contemporáneos. Eso supone asumir y potenciar diferentes proyectos que, siendo privados, sean un aporte al progreso y desarrollo del país, en armonía con nuestro medio ambiente.
Nuestra primera tarea en materia medioambiental debe ubicarse en una dimensión política. Debemos derribar el mito instalado por el gobierno anterior y las izquierdas en general de que todo proyecto es malo, contaminante y altera el medio ambiente. Eso no es así y debemos decirlo con fuerza porque todos los proyectos que cumplan con nuestras normas institucionales no tienen por qué ser obstruidos. Por el contrario, a todo buen proyecto debe abrírsele canales expeditos porque además nuestro crecimiento depende de las inversiones económicas.

Más emprendimiento menos burocracia

Nuestro gobierno debe hacer del Estado un facilitador y promotor del emprendimiento. En esta tarea hay una gran oportunidad porque si bien nuestra institucionalidad a propiciado el progreso y crecimiento que todos conocemos, aún hay mucho por hacer. Debemos asumir sin complejos un derrotero político que apunte coordinadamente a hacer más eficiente a todas las instituciones encargadas de orientar y regular la labor de los emprendedores. Es urgente seguir profundizando, con un enfoque más cercano a nuestras ideas (optimización de recursos, focalización y subsidiariedad), el proceso de modernización del Estado, sobre todo en lo concerniente a eficiencia administrativa. Cualquier política pública que sea iniciativa del ejecutivo debe considerar este sello.
Es necesario convertir en prioridad para este gobierno la implementación de medidas tendientes a facilitar el trabajo de las pymes, ya sea tanto en el ámbito burocrático estatal (reducción y simplificación de trámites, mayor apoyo y colaboración en los procesos de creación de emprendimiento, etc.) como en el ámbito de la legislación, para que situaciones como los pagos diferidos no se sigan dando, ya que son medidas nefastas para el normal desarrollo de las pymes.

ADULTO MAYOR
Las necesidades no se jubilan

Un Chile inclusivo supone una sociedad que integre a todos sus miembros, como también un Estado que acoja y cumpla su rol subsidiario. Esto implica considerar un compromiso prioritario con sus adultos mayores fundamentado en una mirada comprensiva con sus preocupaciones y necesidades. Dicho compromiso con la vejez debe traducirse en políticas públicas que engloben problemas de salud, pensiones, transporte, condiciones habitacionales, abandono, porque la justicia pasa por el desarrollo y bienestar social.
En rigor, debemos dar un trato claramente diferenciador que se transforme en auxilio oportuno para nuestros adultos mayores a nivel global. Es decir, consideramos que no sólo deben crearse políticas públicas que apunten a las necesidades de los adultos mayores, sino que transversalmente las distintas políticas públicas deben incluir también un enfoque especial para ellos. A modo de ejemplo, al preocuparnos por el mercado laboral debemos considerar también –tal como se hace con el segmento joven- la situación de los adultos mayores, cuestión que implica generar condiciones flexibles de horario y responsabilidades adecuadas; lo mismo en materia de valores de contribuciones, etc.
Las mejoras de las pensiones no pueden esperar, y si bien supone proyectos de ley que demoran tiempo para lograr acuerdos que materialicen su promulgación, sí se puede avanzar en políticas que logren aminorar en el corto plazo la fragilidad económica por medio de subsidios a su costo de vida cotidiano, como ya se hace con el transporte público.

INFANCIA
Los niños: Nuestro más urgente compromiso

Nuestro compromiso con la defensa de la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural supone poner nuestros mejores esfuerzos en quienes están más desprotegidos o sufren más por las vulnerabilidades que les ha tocado vivir. Los problemas, abusos y negligencias del SENAME deben hacernos reflexionar no sólo sobre cómo mejorar dicha institución, sino además que la crisis primera y sobre la cual debemos enfocarnos está en las familias. Es esa institución la responsable primera de los niños, y porque ella falla el Estado debe asumir un auxilio. Por eso debe ser prioritario poner atención y ocuparse de las causas familiares que generan que los niños lleguen a los hogares del SENAME. Dicho de otro modo, el SENAME existe porque las familias se desintegran.
Dignificar a nuestros niños pasa por entender que debemos reforzar la importancia de las familias en la educación y formación de los niños, actuando a tiempo cuando se avizoran posibilidades de riesgo, es decir, diseñando un sistema de alerta temprana. La diferenciación entre quienes están privados de libertad y quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, junto con el aumento de recursos es fundamental. Sin embargo, consideramos que debe complementarse con un trabajo integral y conectado entre los distintos ministerios involucrados para desarrollar un plan que apunte a detectar e intervenir sobre las causas que hacen que los niños lleguen al SENAME.

Respecto del rol del SENAME, hay que impulsar un cambio en dicha institución en dirección a que funcione como herramienta para lograr una efectiva reinserción de los jóvenes a la sociedad chilena, y no un lugar donde se sigue aprendiendo cómo delinquir. Esto requiere fortalecer y mejorar la colaboración entre las instituciones privadas y el Estado, entendiendo que son estas las que tienen la mayor parte de los niños.

MUJERES

Los últimos años se ha ido generando un cambio social respecto de la visión sobre la Mujer. Dicho avance ha caminado tanto hacia una mayor valoración y respeto por medio de leyes que condenan la violencia- como también hacia la búsqueda de igualdad de derechos y deberes, y la corresponsabilidad en la familia.

Sin embargo, aún existen brechas importantes entre hombres y mujeres que impiden avanzar más en esa la igualdad de trato y oportunidades. Así por ejemplo, menos de la mitad de las mujeres tienen un trabajo remunerado, los salarios son un 30% más bajos respecto de los hombres; menos de un 20% de los préstamos que piden las mujeres a los bancos son aceptados; las pensiones son en promedio también un 30% menores; los planes de salud son más caros; el riesgo de sufrir violencia es 7 a 10 veces más alto que los hombres.

La UDI está comprometida en cambiar esta realidad, porque nos motiva una aspiración de justicia, y además porque está demostrado que en la medida que las mujeres prosperan y se desarrollan, también mejora sustantivamente la calidad de vida de sus familias. Por eso, las distintas barreras culturales que aún existen deben ser enfrentadas.

El primer esfuerzo contracultural del gobierno para romper este estatus quo debe estar en impulsar distintas iniciativas que promuevan y premien el posicionamiento de liderazgo de mujeres en áreas como la ciencia, la cultura, la economía o la política, pues tradicionalmente han sido reservadas para los hombres, junto con la corresponsabilidad familiar, porque los esfuerzos para el éxito de esa institución depende del esfuerzo realizado por el hombre y la mujer. Así también, paralelamente nuestro gobierno debe seguir avanzando en la tolerancia cero con la violencia contra las mujeres. Dicho avance debe involucrar una política integral que alinee al sistema judicial con el trabajo de las policías y las fiscalías. Finalmente, consideramos que el respeto a la dignidad de la mujer debe traducirse también en un apoyo por parte del Estado a todas quienes viven embarazos vulnerables a través de políticas públicas efectivas, junto con impulsar iniciativas que promuevan la flexibilidad laboral para mujeres que son jefas de hogar.

Hemos plasmado en esta entrega el resumen del trabajo de las distintas comisiones que trabajaron en el cónclave de Punta de Tralca el pasado 6 y 7 de abril. El espíritu transversal que primó en las reflexiones y propuestas de cada una fue el sentido de urgencia que tienen los sueños de todos los chilenos, especialmente los más vulnerables y la clase media. Estamos conscientes de que nuestro modelo de desarrollo económico ha generado una mejora en las condiciones materiales en nuestro país. Sin embargo, sabemos que la meta de transformarnos en un país desarrollado no se reduce a un bienestar económico.

Requerimos alcanzar un nivel de progreso y una eficiencia del Estado que implica una profunda modernización de éste. Ambas tareas resultan fundamentales para que las familias logren una mejora significativa de su calidad de vida que les permita vivir dignamente y realizar sus sueños profundizando el valor social incomparable que tiene esta institución medular de la sociedad a través de políticas que la protejan. Buscamos un desarrollo con justicia y libertad.

En este contexto, somos conscientes de que los distintos proyectos de vida se desarrollan en sociedad, porque suponen no sólo espacios y tareas comunes, sino que también sueños cuya realización requiere necesariamente de colaboración y un profundo respeto por los derechos de todas las personas. Esto implica una responsabilidad por parte del gobierno de saber equilibrar siempre el avance de las libertades individuales sin descuidar la dignidad de todos los miembros de la sociedad. Este es el principal criterio que nuestro gobierno debe siempre resguardar para no desviarse nunca de su principal objetivo, el bien común, el cual lo entendemos como aquel bien que permite que de todas las personas y las distintas asociaciones alcancen sus fines y desarrollo pleno, en sociedad.