El objetivo de la iniciativa legal es garantizar la imparcialidad de las investigaciones penales para así evitar que las motivaciones ideológicas o políticas afecten los procesos judiciales.
Un grupo de diputados de la UDI liderados por el subjefe de bancada, Gustavo Sanhueza, presentó un proyecto de ley para establecer como causal de inhabilidad el que los fiscales del Ministerio Público hayan manifestado de manera pública una expresión de odio en contra de alguna institución o colectividad que pueda ser sujeto de persecución penal.
Al respecto, el parlamentario gremialista señaló que “como cualquier persona, los fiscales también tienen todo el derecho a la libertad de expresión y a poder emitir opiniones. El problema, sin embargo, ocurre cuando esos comentarios que realiza un persecutor -por motivaciones ideológicas o políticas- se hacen públicos y tienen una marcada tendencia hacia una institución o persona que después puede ser investigada por ese mismo fiscal”.
En esa línea, Sanhueza agregó que “eso ha sido lo que justamente ha ocurrido en el último tiempo, en especial desde el 18 de octubre del año pasado, donde hemos visto cómo algunos persecutores han manifestado opiniones sobre distintas instituciones que después tienen que investigar en algún caso, afectando la objetividad que debieran mantener”.
Por lo mismo, el diputado UDI aseguró que el objetivo del proyecto es justamente garantizar una imparcialidad en las investigaciones penales, separando de dicha indagatoria a un fiscal cuando se determine que por alguna opinión que haya emitido pueda terminar afectando el principio de la objetividad.
“Aquí hay que aclarar que este proyecto no va dirigido a ninguna persona en particular, sino que busca perfeccionar el principio de la imparcialidad, que es una condición indispensable que deben tener todos los fiscales del país. Lo mismo sucede en la actualidad con los jueces, que pueden ser recusados por alguna de las partes en caso de considerarse que no tiene la imparcialidad necesaria. Por eso es tan importante este proyecto, porque de esta forma garantizamos que todas las personas tengan los mismos derechos ante un fiscal”, cerró Sanhueza.